21, 22 y 23 de julio de 2008
Bogotá, Universidad Nacional, Auditorio León de Greiff
“Todo pueblo tiene derecho a existir” (2)
El Estado colombiano ha implementado históricamente políticas y prácticas contrarias a la soberanía y al bienestar popular, garantizándole a las empresas transnacionales el saqueo de los recursos naturales, el control territorial y la explotación y precarización de los trabajadores, generando todo tipo de daños ambientales, materiales, morales, individuales y colectivos, que han puesto en riesgo o mayor vulnerabilidad a cientos de comunidades.
Esta situación se ha visto agravada por la comprobada participación de varias empresas multinacionales en el conflicto colombiano, aprovisionando con armas, dineros y otros recursos materiales a los grupos armados legales e ilegales del Estado, responsables de miles de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, beneficiándose directamente de crímenes como el desplazamiento, el etnocidio, la tortura, la desaparición forzada.
Ante esta realidad y la impunidad en la que permanecen estos crímenes un número importante de comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, organizaciones sindicales, populares, de mujeres, jóvenes y defensoras de derechos humanos en Colombia, apelando a su derecho a la justicia, han presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos un proceso de diecisiete audiencias preliminares nacionales e internacionales y seis audiencias especializadas (sectores: agroalimentario, petrolero, minero, biodiversidad, servicios públicos y por los crímenes contra comunidades indígenas), en la que se evidencia la responsabilidad de varias empresas y gobiernos en estos crímenes.
