Así da cuenta una investigación realizada por el Cinep y la fundación Cospacc, quienes calculan, que 1.029 personas desaparecidas no fueron reportadas en ese mismo período, lo que da un total de 2.553 (dos mil quinientas cincuenta y tres personas) desaparecidas durante el período 1986 - 2007 en el departamento de Casanare.

Hoy las cosas no han cambiado de manera sustancial; sólo ha variado la forma de cometer actos degradantes en contra de la dignidad humana. Las organizaciones sociales nacionales e internacionales, así como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, han tenido que conocer denuncias de ejecución extrajudicial de muchos colombianos, incluyendo funcionarios de esas mismas instituciones.

Es corriente escuchar casos en los que los familiares de las víctimas relatan cómo miembros de la fuerza pública detuvieron a sus seres queridos en plena luz del día y actuando como autoridad judicial – sin tener facultades- los llevaron detenidos, simularon enfrentamientos en los que siempre las víctimas eran civiles en estado de indefensión, y posteriormente fueron presentados como ‘guerrilleros dados de baja en combate’. Para encubrir el hecho, desaparecieron sus documentos, colocaron armas junto a sus cadáveres, armas que técnicamente no tenían capacidad de respuesta frente al armamento de dotación de las fuerzas armadas, y así mismo material de propaganda alusivo a grupos insurgentes; les vistieron prendas de camuflado que en muchos casos no correspondían a la talla de las víctimas, y sin intervención de autoridad judicial, los cuerpos fueron trasladados en la mayoría de los casos a las instalaciones de la sede de la Brigada XVI, donde intervenía el CTI-, dando la oportunidad a los responsables de los crímenes de contaminar las ‘pruebas judiciales’.

Se tiene registro de casos en que fueron ejecutados extrajudicialmente menores de edad vinculados a instituciones educativas, dirigentes comunales, campesinos, trabajadores de las empresas petroleras, familiares de militares activos, y hasta informantes de la misma fuerza pública. Como se puede observar en la siguiente nota de prensa de un prestigioso medio de comunicación en nuestro país:

“Toda la cúpula del Grupo Antisecuestro Gaula del Ejército en el departamento del Casanare, fue cobijada con medida de aseguramiento por un juez de la ciudad de Villavicencio por el secuestro y posterior asesinato de un civil identificado como Eduardo Pérez Vega. La medida fue proferida por el Juez Primero Penal Municipal de Villavicencio, Héctor Alonso Martínez y cobija al mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del equipo; el teniente John Alexander Suancha Florián, el cabo segundo Gelver Pérez García y los soldados profesionales Elio Ernesto Celis Bedoya, Carlos Alfredo Bello Bolívar, Abdón Guanaro Guevara y Johny Higuera Moreno. Los militares se encuentran detenidos en la guarnición militar de Yopal, mientras se define su situación judicial. Los hechos sobre los cuales se les acusa a los uniformados ocurrieron hacia las 10 de la mañana del pasado 27 de julio, cuando el civil Eduardo Pérez Vega fue sacado contra su voluntad de una sala de Internet del barrio Ciudad Porfía, de Villavicencio, por cuatro hombres que portaban sus insignias y se identificaron como miembros del Grupo Gaula de Casanare. Inmediatamente lo subieron a una camioneta azul Toyota Hi-Lux, con vidrios polarizados, cuatro puertas, de platón, en la cual lo condujeron por la vía hacia Yopal. Dos horas más tarde, el cuerpo de Pérez fue sepultado como NN en el cementerio de Corozal, Casanare, y fue reportado por el grupo Gaula como “muerto en combate” con los frentes 27 y 28 de las FARC. La salida de los militares con Pérez del Internet quedó grabada en una cámara de seguridad del sector y el tránsito de la camioneta quedó registrado en los peajes en la carretera hacia la capital del Casanare. Además, en la Simcard del teléfono celular de la víctima (Pérez Vega) quedaron registradas llamada hechas por la hermana del cabo Pérez García. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, el que ordenó y dispuso el desplazamiento del personal a Villavicencio fue el comandante del grupo Gaula, Gustavo Enrique Soto Bracamonte. El teniente Alexander Suancha Florián, fue quien firmó la misión Jericó II, en la que se ejecutó el homicidio de Pérez Vega, con la participación de los otros tres soldados profesionales capturados. Ninguno de los uniformados aceptó los cargos.”

Muchos otros casos han ido quedando registrados en numerosas fuentes que este Informe ha tratado de reunir. Es ya de dominio público que la práctica de ejecuciones extrajudiciales en Colombia es algo sistemático y no sólo un problema del Casanare ni tampoco un conjunto de casos aislados, debido a la corrupción de algunos militares, como trata de sostenerlo el Gobierno. El caso del Casanare muestra a las claras que esa práctica sistemática encaja con intereses transnacionales, asumiendo planes de ‘pacificación’ y exterminio en regiones económicamente estratégicas, en las cuales se ha tratado de implementar la política denominada de “seguridad democrática” diseñada por el Presidente Uribe Vélez.

Cuando se concluía la recopilación de información que se presenta en este Informe, ya la Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, indicaba que hasta el momento 952 integrantes del Ejército Nacional habían sido vinculados a investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales con carácter de “falsos positivos”, o sea motivadas en el afán de presentar resultados positivos en los planes gubernamentales de lucha contrainsurgente, atribuyendo a las víctimas un carácter ficticio de “insurgentes”. No es exagerado sostener que la ejecución extrajudicial es un homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera inmediata o mediata, en potestades detentadas por el Estado.25La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien a finales de 2008 realizó una visita oficial a Colombia, afirmó que la Ejecución Extrajudicial se "convierte en delito de lesa humanidad si es difundido y sistemático contra la población". No hay duda de que la gran cantidad de casos de falsos “muertos en combate” que han sido registrados en Colombia, responden a un afán del alto Gobierno de presentar como “exitosa” su política de “seguridad democrática”, constituyendo, por consiguiente, crímenes de lesa humanidad.

Al tratar de ofrecer una mirada de conjunto sobre lo ocurrido en el Casanare durante las últimas décadas, este Informe, sin ser exhaustivo, dada la limitación de los recursos, muestra con suficiente contundencia que la barbarie de la violación de los derechos humanos que afecta a Colombia, está profundamente articulada a las dinámicas de la economía transnacional, la cual se proyecta en la destrucción del medio ambiente; en la exclusión de las poblaciones de los beneficios inherentes a sus propios recursos, y en el exterminio de las franjas de población organizada que presenta algún nivel de resistencia a tales formas de opresión, sin detenerse ante la atrocidad de los métodos.

1 Los 19 municipios del departamento son: Yopal (ciudad capital), Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luís de Potosí, Támara, Tauramena, Trinidad y Villanueva.

2 En: LLANOS ORIENTALES: DE LOS HERMOSOS ATARDECERES AL CONFLICTO ARMADO; Manuel Javier Fierro Patiño.Publicado en Revista Javeriana, Universidad Javeriana, Bogotá, Mayo 2006.

3 La Orinoquia. Visión Monográfica. Corpes Orinoquia. 1997.

4 En: Vega Manuel, Ayala Martín (2007) “Casanare y la BP. Una historia que es preciso cambiar.” Londres, Front Line.

5 Ibid.

6 Madrid, 3 de noviembre de 1996

7 Encuesta Movilidad espacial en Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM. 1996

8 La categoría 6 agrupa a los municipios con menor volumen de ICLD y/o menos habitantes. En Colombia, el 89% de los municipios está clasificado dentro de la categoría 6 para el año 2007

9 Noticia de radio Santafé, Noviembre 27 de 2008. Edición electrónica.

10 José Jairo González Arias: Casanare o la desinstitucionalización paramilitar www.viva.org.co/caja_herrami....

11 ALEXIS SCHLACHTER. La otra cara del Petróleo.

12 Palabras de una campesina del municipio de Aguazul, en el marco de la Misión Internacional Roque Julio Torres Torres. Julio 29 al 1 de agosto de 2007.

13 ACDAINSO fue creada el 10 de Agosto de 1995 para representar a los campesinos de 17 veredas que comprendían el corregimiento del Morro en el municipio de Yopal Casanare. En ese año, más de 100 delegados de este sector constituyeron esta forma jurídica para que los representara ante las diversas instancias gubernamentales y privadas (en este caso concreto con BPX) en el tema particular del petróleo y el desarrollo campesino.

14 Informe de de la Misión Internacional Roque Julio Torres Torres. Julio 29 al 1 de agosto de 2007.

15ACUSACIÓN CONTRA LA BRITISH PETROLEUM BP. www.observatoriocolombia.info

16 Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. www.derechoshumanos.gov.co

17 Guillar Michael, 1998, video Los Soldados Secretos de la BP en Colombia

18 Ejército Nacional de Colombia. www.ejerccito.mil.co

19 Se refiere a los municipios que componían la Provincia de La Libertad, los cuales son: Labranzagrande, Pisba, Paya y Pajarito.

20 Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la república. www.derechoshumanos.gov.co

21 Daniel Guzmán, Tamy Guberek, Amelia Hoover y Patrick Ball, “Los Desaparecidos de Casanare”, Octubre 31, 2007, pg. 1

22 Daniel Guzmán y otros, o. c. pg. 1

23 Cuerpo Técnico de Investigación, perteneciente a la Fiscalía General de la Nación.

24 Revista Semana, edición electrónica, noviembre 2 de 2007

25 Pronunciamientos del Delegado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los Campesinos y Campesinas ofrecen SOLUCIONES

Vía Campesina

La Vía Campesina esta aterrada de la arrogancia del sector privado y especialmente de Nestlé, al pretender ofrecer soluciones a la actual
crisis alimentaria considerando que son las mismas transnacionales quienes han continuado a contribuir activamente a la creación de esta
crisis.

Los comentarios del presidente de Nestlé durante la Conferencia del sector privado y de la FAO en Milán el pasado 12 de noviembre nos
resultan particularmente chocantes dadas las conocidas campañas de Nestlé para fomentar la formula del consumo de leche para bebes en
detrimento de la lactancia materna en los países en desarrollo.

Muchas transnacionales han aumentado sus beneficios durante la crisis alimentaria y han jugado un rol principal al incrementar el hambre en el
mundo mediante la toma de control sobre el sistema alimentario y los recursos productivos como la tierra y el agua, excluyendo a campesinos y
campesinas de la misma producción alimentaria.

Estos actores privados han presionado por cambiar los modelos agrícolas de producción, forzando a modos productivos intensivos e introduciendo
tecnologías y políticas como los agrocombustibles, los transgénicos y la liberalización del comercio con el único interés de incrementar sus
beneficios. Las deslumbrantes fallas de estas estrategias corporativas de las transnacionales frente al sistema alimentario son evidentes dadas
las estadísticas que demuestran el constante aumento en las cifras de las personas que sufren de hambre en el mundo.

Sobre el tema de transgénicos, Javier Sánchez, representante del sindicato campesino COAG (miembro de la Vía Campesina), declaró: “Existe
un consenso global entre campesinos y consumidores sobre las tecnologías de OGMs que permiten a las multinacionales tomar el control sobre las
semillas negando a los agricultores la posibilidad de guardar sus propias semillas. Campesinos y campesinas pierden el derecho a producir
alimentos libres de modificaciones genéticas mientras que los consumidores pierden el derecho de alimentarse al mismo tiempo con
productos sin transgénicos. Este es un claro ejemplo de como la privatización de los recursos naturales va en contra de los intereses
comunes. Los consumidores en Europa, con razón, están rechazando este tipo de tecnologías;”

Henry Saragih, coordinador general de La Vía Campesina observa que en su país natal, Indonesia, Nestlé ha contribuido directamente al
empobrecimiento del campesinado y al fomento de la malnutrición particularmente entre los bebes, a través del control de la producción y
del sistema de precios dentro del sector lechero.

Durante el Foro “Soberanía Alimentaria Ya”, paralelo al Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria en Roma, las Organizaciones de la Sociedad
Civil están proponiendo las soluciones reales de la soberanía alimentaria.

Roma, 15 de noviembre del 2009

Bogotá, 10 de noviembre de 2009

La trasnacional petrolera Occidental de Colombia fue condenada a cancelar más de 200 mil millones de pesos a favor de los municipios de Arauca y Arauquita por no pagar la contribución consagrada en el artículo 89 de la ley 142 de 1994. La decisión fue adoptada el 9 de julio de 2008 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca al demostrarse que desde 1995 la multinacional no ha cumplido con esta obligación. Aunque la orden judicial quedó en firme hace más de un año y la finalidad de estos recursos es subsidiar el consumo de energía de los estratos 1 y 2, hasta la fecha Occidental no ha cumplido con la providencia.

Para evadir está obligación, la trasnacional estadounidense ha acudido a absurdos jurídicos como solicitar la revisión de la sentencia siete meses después del vencimiento del plazo legal para hacerlo. Ecopetrol también es responsable de la dilatación del proceso porque, en actitud de alcahuetería, presentó una tutela contra una decisión que no afecta sus intereses. Más llamativo es que la tutela haya sido presentada hace tres meses y, aunque la ley dispone que estas acciones deben fallarse en un término no superior a diez días, todavía no se ha tomado ninguna decisión.

El senador Jorge Enrique Robledo rechazó el hecho de que una trasnacional con utilidades anuales de 787 mil millones de pesos se niegue a pagar las contribuciones consagradas en la ley colombiana y no cumpla con las decisiones judiciales. Cuestionó el papel de Ecopetrol en este caso. Y resaltó que los cerca de 200 mil millones de pesos que Occidental se niega a pagar son para atender las necesidades de los habitantes de Arauca y Arauquita, municipios en los que más del 30% de la población presenta necesidades básicas insatisfechas.

El congresista del Polo denunció que Occidental tampoco ha pagado las transferencias del sector eléctrico desde el año 2007, contribución a la que está obligada como autogeneradora de energía de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 143 de 1994 y afirmó que este es otro caso en que los intereses de los monopolios extranjeros priman sobre los de los colombianos.

San Carlos, Provincia de Orellana, octubre 29-Las comunidades afectadas por las operaciones petroleras de Texaco realizarán un acto litúrgico el lunes 2 de noviembre, con motivo del Día de los Difuntos, cuyo propósito principal es honrar la memoria de los fallecidos por la contaminación provocada por la transnacional petrolera durante sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana.

La ceremonia religiosa será presidida por dos sacerdotes de los vicariatos apostólicos de Orellana y Sucumbíos, respectivamente, y se iniciará a las 10:00 en el cementerio de la comunidad de San Carlos, una de las comunidades donde más muertos y enfermos con cáncer existen en la provincia de Orellana.

Según voceros de la Asamblea de Afectados, con esta ceremonia se pretende además sensibilizar a la opinión pública acerca del drama humano que viven las familias afectadas por el desastre ambiental y social provocado por las operaciones petroleras de Texaco, especialmente en su salud; así como también fortalecer el ánimo de los afectados a fin sostener la lucha hasta lograr que Chevron asuma su responsabilidad de reparar los daños que sufren más de 30 mil ecuatorianos que viven en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos.

En este acto religioso, a más de los residentes de San Calos, participarán también decenas de dirigentes y familiares de las víctimas de las demás comunidades en donde operó Texaco.

Según estudios científicos de salud, tales como el informe Yana Curi del doctor Miguel San Sebastián, entre otros, se registra una alta incidencia de leucemia con tasas 3 veces más altas en niños de 0 a 4 años de edad que viven en zonas de explotación petrolera comparado con otras partes del país. La tasa de incidencia de cáncer es de 150%, según dichos estudios, en residentes que viven cerca de los pozos petroleros en comparación con la población que vive en sitios donde no existen actividades petroleras. La tasa de abortos espontáneos es 2.5 veces más alta en mujeres que viven cerca a zonas de explotación petrolera que en mujeres que residen en otras zonas. Así mismo persisten otros problemas de salud como problemas respiratorios y digestivos debido a que la población está expuesta permanentemente a los contaminantes que están diseminados en el agua, suelo y aire, la mayoría vertidos desde cuando Texaco operó en la región.

María Eugenia Yépez
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
ASAMBLEA DE AFECTADOS POR TEXACO

Contactos:
Luis Yanza: 093977809, 2273533