Observatorio social

Las Transnacionales en Colombia y el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Ningún ciudadano mayor de 40 años podría negar la persistencia en nuestra historia reciente de dos fenómenos preocupantes y vigentes hoy en la sociedad colombiana: profundas desigualdades y conflictos sociales de una parte, y de otra la perpetuación de múltiples violencias. Aunque ello no constituye un dato nuevo, lo que si resulta sorprendente es la naturalización, el hecho que desigualdades y conflictos ya no incomoden a nadie, y más, que las relaciones entre ambos sean ignoradas una y otra vez. Hace veinte años, por ejemplo, la crisis social era un tema habitual, se hablaba de ella y se fabricaban explicaciones basadas en la existencia de elites políticas corruptas, narcotraficantes y grandes diferenciales entre clases sociales. Hoy guardamos un silencio aterrador que muchas veces se convierte en cómplice; no importa buscar explicaciones pues resulta sencillo culpar de todo al narcoterrorismo.

Es claro que la naturalización de la crisis social resulta indignante, pero la formación de una opinión pública amañada que ha elaborado una explicación de nuestros problemas en donde todo se reduce al maniqueísmo de buenos y malos, de narcoterroristas y gente de bien, no sólo es simplista, sino peligrosa y va en contravía del sentido común y la historia. Dicha formación de la opinión ha sido al extremo manipulada y moldeada por los medios masivos de comunicación, especialmente los privados, que desde su monopolio informativo hace ya diez años han generado y conducido a la sociedad colombiana hacia una pérdida de la identidad cultural y de la memoria que linda con la perversidad. Fenómenos como el narcotráfico por ejemplo han penetrado por años todos los rincones de la sociedad colombiana, los últimos gobiernos, el congreso, las fuerzas militares en todas sus ramas, el DAS, la policía, la salud, la boyante industria de la construcción, hasta la farándula y el deporte; y quienes no participaron del negocio guardaron silencio, fueron cómplices, consumidores o críticos sin propuestas. En esas condiciones si hoy tuviésemos –en serio- que juzgar a los culpables de este fenómeno habría que llevar a la cárcel a muchos colombianos, ni que decir de ciudadanos de otros países.


Lo cierto es que esa naturalización frente a los conflictos socioeconómicos actuales va acompañada de la imposición de un discurso. El concepto de desarrollo ha sido impuesto a lo largo de estas últimas décadas, principalmente a partir de la llamada “revolución industrial”. Su teoría supone que el progreso cubre a todas las capas de la sociedad y que la mano oculta del capitalismo alcanza para que todos los habitantes tengan unas condiciones optimas de vida; esa mano oculta también hace que, de la acumulación de capital concentrada en los principales monopolistas caigan algunas moronas con las que los más pobres cubren sus necesidades básicas. En el país este modelo se ha implementado a partir del terrorismo de Estado, es decir que en las principales zonas de riqueza en recursos naturales: como hidrocarburos, minas y materias primas se ha garantizado el saqueo a partir de la muerte, el pillaje, la destrucción del tejido social y el aniquilamiento de comunidades ancestrales.

    Lo más preocupante de todo este panorama, además de la violencia y barbarie desatada por parte del Estado con sus ejércitos paramilitares, es la asimilación de esta violencia estatal por parte de los pobladores, la naturalización de la muerte como castigo ejemplarizante. Mientras nuestro sistema judicial juzga con dureza a aquellos que roban por hambre, guarda un absoluto silencio frente al saqueo del recurso petrolero, o el oneroso pago de la deuda externa. No hay duda. Asistimos a una transformación del imaginario colectivo, a una inversión de valores en la cual fenómenos como los mal llamados falsos positivos o la limpieza social no despiertan reacciones de repudio, incluso, son justificados por algunos sectores de la sociedad. Tampoco se cuestiona demasiado la cultura ampliamente difundida del “traqueto” ni se pone en tela de juicio crímenes abominables como la mutilación y las masacres con motosierras cometidas por el paramilitarismo.

Desde principios del siglo XX Colombia entró en la modernidad empobrecida, fragmentada y con múltiples diferencias y conflictos entre sus pobladores. Esta desorganización sumada al holocausto que ha significado la modernización criminal ha reorientado el enfoque del país, ya que de ser una nación con vocación agrícola y pecuaria, pasamos a ser proveedores de materias primas como alimentos, petróleo, oro, carbón, caucho, piedras preciosas, trabajo, de servicios, principalmente. Este río de riquezas ha sido entregado a empresas transnacionales norteamericanas, inglesas, francesas, españolas, y son sus accionistas los beneficiarios del progreso y avance de la extracción de los recursos. Vale la pena preguntarse: ¿Qué ha significado el desarrollo para los obreros, campesinos, indígenas y afrodescendientes, entre otros?

La violencia sistemática y estructural que acompaña la idea de desarrollo no ha sido utilizada únicamente contra los pobladores más empobrecidos del país. El capital transnacional con el objetivo de obtener mayores ganancias en el menor tiempo se ha ido en contra del medio ambiente y de las culturas locales; ejemplos claros de ello lo constituyen la contaminación y destrucción de la laguna del Lipa en Arauca, el secamiento de fuentes de agua en Casanare, la polución generada por las teas de gas, la contaminación del aire en las zonas de explotación del cerrejón en la Guajira, la contaminación de los ríos Guatapirí en el Cesar y Bugalagrande en el Valle por parte de la Nestle. A ello hay que sumar la amenaza contra pueblos indígenas como los Guahibos y la penetración del aparataje transnacional a reservas y santuarios naturales como sucede hoy en día en Gibraltar, al oriente del país.

Con el despojo viene también la violencia. Trabajadores sindicalizados  de empresas como Nestle, Drumond y Coca Cola son asesinados frecuentemente, lo que nos ponen en los primeros lugares de la vergonzosa lista internacional de crímenes contra sindicalistas. Por otra parte, el dinero del negocio transnacional es un combustible para grupos paramilitares que facilitan el proyecto de implantación de éstas empresas. Pero lo que resulta más paradójico, sin lugar a duda, es la militarización excesiva que se despliega con el fin de cuidar los negocios del capital transnacional en regiones que en su vida habían contado con la presencia del Estado. Cuando llegan las transnacionales, abundan los camiones del ejército y la policía; y con ellos llegan los atropellos a la población, las ejecuciones extrajudiciales y los embarazos de cientos de jovencitas; pero los hospitales y las escuelas siguen congelados, como detenidos en el tiempo y relegados a meras promesas electorales.

En estas condiciones el destino de campesinos y campesinas, comunidades afrodescendientes e indígenas es la proletarización, el desplazamiento, el abandono de la siempre menospreciada y mal pagada actividad agropecuaria. El hambre los empuja al cultivo de coca o amapola, a su inserción en las filas de cualquiera de los actores armados, incluyendo al ejército o bien a la muerte, y no cualquier tipo de muerte: miles de ellos han sido sometidos a la tortura, al descuartizamiento paramilitar, a las violaciones y a ofensas indignas, cobardes y aberrantes. Pero a nadie le importa, son campesinos, son poblaciones empobrecidas, sus muertes jamás serán tan resonantes como las de políticos o industriales, o como los secuestros de senadores y ministros.

Aunque esta normalización de la explotación y la violencia en Colombia, que no es otra cosa que la expresión del modelo de acumulación, parezca desesperanzadora, no todo es tragedia. Al dramatismo de una sociedad que naturaliza sus aberraciones hay que contraponer otro hecho igual de sorprendente. Se trata de la capacidad de resistencia de cientos y miles de comunidades que en los últimos años han decidido vencer el miedo y denunciar este modelo transnacional y todos sus efectos e imbricaciones en la sociedad colombiana en un escenario particular, el Tribunal permanente de los Pueblos TPP.

EL TPP.

“Una esperanza inquieta y alegre recorre a hombres y mujeres, a niños y jóvenes que toman el almuerzo al terminar la jornada de la mañana. Un instante antes han escuchado las denuncias contra empresas transnacionales que han hecho campesinos e indígenas de lugares tan diversos que sus nombres apenas ahora se incorporan a su geografía vital. El ritmo del relato recrea la angustia de las violencias, la inquietante muerte asechando y enconando dolores. Luego un llanto incontenible sella solidaridades, despierta valentías, reconcilia con las tragedias personales, indigna y da forma a la soberanía en su sentido más puro. Los aplausos revelan un público que se amarra en su tragedia, que se reconoce en el otro y que va ganando esperanza al ver no uno sino mil reclamos, no una víctima sino miles de muertes, no una sino mil propuestas.”

Esta experiencia ha tenido lugar en cada una de las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos Sesión Colombia que se han realizado desde abril de 1991 para juzgar violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado colombiano y, desde 2006, por las transnacionales en sectores de la economía como el agroalimentario, la minería, el petróleo, la biodiversidad, los indígenas y los servicios públicos. El TPP es del tipo de los Tribunales internacionales de opinión que encuentra su origen en Nuremberg y en el Tribunal Russel donde se juzgó a los Estados Unidos por las arbitrariedades cometidas en la guerra de Vietnam.

En el caso del TPP colombiano cada tema ha contado con varias preaudiencias por regiones y una audiencia en la cual se ha logrado demostrar la culpabilidad de Transnacionales como Nestle, Coca Cola, BP, OXY, REPSOL, Drummond, Cemex Holcim Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billiton, Anglo Gold, Holcim, Chiquita Brands, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, MULTIFRUITS S.A.- Filial de Delmonte, Dyncorp, entre otras. Esto ha sido posible gracias a dos ejercicios importantes. El primero de ellos la apelación a la memoria, vertida  valientemente en el relato de las comunidades. En segundo lugar, la labor de acompañamiento e investigación de varias organizaciones sociales, entre las que debe destacarse el papel del Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos.

Aunque en principio se consideró que el alcance de este tribunal se reducía a lo simbólico poco a poco las audiencias y actividades que lo nutren se han ido convirtiendo en un verdadero proceso social en el que se tejen solidaridades, se comparten experiencias, se aprenden y elaboran propuestas. Así, la Audiencia Deliberativa Final en la que se condenó a todas las transnacionales por parte de jueces de la Fundación italiana Lelio Baso y luchadores sociales de otras latitudes se nos presentó menos como un punto de llegada y más como la continuación de un proceso de organización, movilización y denuncia que justamente debe remover esa conciencia adormecida de los colombianos, que debe desnaturalizar nuestra tragedia y devolvernos al reino de la sorpresa, y la esperanza.  

Manuel Vega Vargas y William Guzmán Aponte. Miembros del Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos